El ecosistema digital atraviesa un momento delicado para los creadores de contenido, especialmente en industrias como el poker, el gambling y el entretenimiento online. En el último año, plataformas como YouTube, Instagram y Facebook han endurecido sus políticas sobre contenidos considerados “sensibles”, provocando suspensiones, restricciones y hasta cierres permanentes de cuentas. Para muchos creadores, esto no solo implica perder visibilidad, sino directamente su fuente de ingresos.
La preocupación creció tras las declaraciones del profesional de poker Benjamin “bencb” Rolle 
, quien compartió públicamente su experiencia enfrentando bloqueos en distintas redes sociales. Según el jugador, los intentos de resolver estos conflictos a través del soporte técnico resultaron inútiles. En su opinión, las respuestas automatizadas y genéricas reflejan un sistema que prioriza la reducción de costos por sobre la atención personalizada.
Rolle afirma que solo logró resultados cuando decidió recurrir a abogados especializados en disputas con plataformas digitales. Según su experiencia, cartas formales enviadas por estudios jurídicos bastaron para que Meta levantara restricciones en sus cuentas de Facebook e Instagram en un plazo de dos a tres meses. El costo, asegura, osciló entre 500 y 2.000 euros por caso, una cifra que considera “casi inevitable” en el contexto actual de creación de contenido ligado al juego.
Sorry to tell you, but there is only one way to deal with platforms like YouTube.
We had several problems in the past with Facebook, IG, and YouTube. Our Facebook page was deleted, our IG Accounts were restricted, our YouTube accounts were struck, and videos were randomly… https://t.co/usR7n9ZCiU
— bencb (@bencb789) February 18, 2026
El punto más sensible del debate radica en la transparencia. El profesional sostiene que muchas sanciones se aplican con explicaciones vagas, como menciones genéricas a “bienes regulados”, sin detallar con precisión qué norma se habría infringido. En Europa, leyes como el Digital Services Act exigen a las plataformas justificar sus decisiones, lo que abre la puerta a disputas legales. Sin embargo, esta protección no es uniforme a nivel global.
Desde Estados Unidos, el analista Todd Witteles 
advirtió que la legislación norteamericana aún es inmadura en este terreno, lo que dificulta replicar estas estrategias legales fuera de la Unión Europea. Aun así, coincidió en que las plataformas tienden a reaccionar con mayor seriedad cuando intervienen abogados.
El trasfondo del conflicto revela un problema mayor: miles de creadores dependen económicamente de empresas privadas cuyas reglas cambian constantemente y cuyos sistemas de apelación suelen ser opacos. En un entorno donde un strike puede borrar años de trabajo, la incertidumbre se vuelve estructural.
La pregunta que empieza a inquietar a la industria es clara: si defender un canal requiere abogados, ¿cuántos creadores podrán sobrevivir en el largo plazo?
